lunes, 1 de marzo de 2010

Boletin


BOLETIN DE PRENSA
Lunes 1 de marzo, 2010


EL COLECTIVO INDEPENDIENTE DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOCIAL (CYRIAS) MANIFIESTA:
La política insensible del gobernador Fernando Toranzo al desconocer y desobligarse en el pago y otorgamiento de prestaciones debidas a trabajadores de gobierno propiciará (al igual que ocurrió en la administración de Marcelo de los Santos) que dictados los laudos laborales correspondientes, estos sean de sumas importantes, afectando la economía de todos los potosinos.
Sin embargo y bajo ningún concepto tales montos económicos pueden o deben de considerarse como pérdidas, pues es el cumplimiento a derechos que jurídicamente asisten a los trabajadores que de manera injusta y en tiempos de crisis se ven de un momento a otro sin el sustento para sus familias.
Lo que deben hacer las autoridades de todos los niveles, así como las empresas privadas, es respetar la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, y no atentar de manera arbitraria e impune contra la economía, la estabilidad emocional y el bienestar social de las familias potosinas.
En la mayoría de los asuntos de litigio laboral, la falta de voluntad de la parte patronal es lo que obliga a cada trabajador a continuar el juicio hasta su etapa definitiva.
Ante ello, se hace necesaria la implementación de jueces de paz, en virtud de la falta de imparcialidad en la aplicación y administración de justicia laboral por parte de la Junta Local de Conciliación y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luís Potosí.
Tratándose de patrones en el ámbito del sector público consideramos necesaria una reforma a la Ley de Responsabilidades Públicos para el Estado de San Luís Potosí, a fin de que sean suspendidos temporalmente o inhabilitados aquellos funcionarios que resulten responsables en el despido injustificado de trabajadores.
Ya que hasta el momento muchos funcionarios, empezando por el gobernador del estado, disponen del erario público como si fuera de uso o para fines personales, de ahí que no midan las consecuencias de violentar garantías sociales.
Para el caso del sector privado se requieren reformas legislativas al Código Penal, a fin de sancionar a personas físicas o morales que igualmente lesionen y despidan injustificadamente a trabajadores.
Los gastos y erogaciones excesivas del sector público y privado en el pago de laudos tienen como causa la evidente violación de leyes por parte de los patrones, así como la lentitud y el burocratismo de las autoridades laborales.
En ambos sectores patronales –público y privado– la contratación precaria, o simulación de relaciones laborales bajo el régimen de contrataciones civiles es lo que obliga a cada trabajador a acudir a solicitar su nombramiento o reconocimiento de empleado de base.
De ahí que ejercer lo que la ley permite y protege no debe de considerarse como doloso o injusto.
Uno de los principios procesales del Derecho del trabajo es el carácter proteccionista, en razón de la desigualdad de los hombres humildes que como único patrimonio tienen su dignidad y sus brazos, ante los hombres de negocios y empresarios que detentan un gran poder económico con el que suelen atropellar a los más débiles.

Atentamente:
COLECTIVO INDEPENDIENTE DE REFLEXION SOCIAL
www.ciryas.blogspot.com
Vocero: Lic. Noé Yair López García

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