Con el avance del debate petrolero y ante el eventual intento por parte del PAN junto con algunos sectores del PRI para aprobar las iniciativas enviadas por Calderón el movimiento social ha planteado la necesidad de realizar una consulta ciudadana sobre el tema. Todo esto merece algunos apuntes.
1. La situación actual de Pemex, y el sector energético en general, no es la deseable ni la óptima. Esto es producto, como casi siempre, de diversos factores. Años sin realizar las inversiones mínimas necesarias para mantener una operación medianamente eficiente, regulaciones inflexibles a las que se encuentra sometida la empresa y, sobre todo, una clase política que ha dirigido al país al menos desde hace unos 25 años que ve con aversión la existencia de empresas estatales dejándolas prácticamente en el abandono.
2. Los problemas de la empresa estatal pueden ser resueltos dentro del mismo paradigma que se establece la Constitución. No existe una imposibilidad teórica para que ello suceda, aunque los problemas asociados son distintos a los de la regulación de empresas privadas. Para ello, se necesita un presupuesto que permita ampliar y hacer más eficiente la operación de refinerías y plantas petroquímicas como elemento urgente y el desarrollo tecnológico para ampliar las capacidades de la empresa en el mediano plazo. Es necesario, también, el diseño de regulaciones que no sean onerosas de modo que los costos de la empresa pública puedan ser similares a los de una empresa privada que compitiera internacionalmente, pero que permitan mantener el control estatal sobre las operaciones petroleras en México.
3. Las propuestas de Calderón implican la desaparición paulatina de Pemex, puesto que las nuevas refinerías y otras instalaciones petroleras que serían manejadas por particulares irían desplazando las instalaciones actuales operadas por Pemex. Así, si bien la iniciativa no plantea la venta de activos de la empresa estatal, si implica tácitamente que las empresas privadas tengan cada vez mayor control de las operaciones petroleras mexicanas en casi todos los eslabones. Por otro lado, no se compensa a Pemex con la posibilidad de convertirse en una empresa eficiente que pudiera competir con esas empresas privadas tanto en el mercado interno como a nivel internacional. Por estas razones, la iniciativa de Calderón, lejos de fortalecer a Pemex, la condena en el mediano y largo plazo a ser solo en una agencia que asigna contratos y no una empresa propiamente. Una eventual aprobación de las iniciativas implicaría el rompimiento del paradigma de exclusividad de las empresas estatales en el sector petrolero.
4. También la eventual aprobación de las iniciativas implicaría, en caso de que el PRI las aceptara, un rompimiento al principio de representatividad que se supone da legitimidad a nuestra presunta democracia, ya que los documentos de principios de ese partido indican que sus legisladores no modificarían la exclusividad de la empresa estatal sobre las actividades petroleras. Es un caso distinto el del PAN, puesto que ese partido, si bien nunca lo propuso durante la compaña electoral, siempre ha favorecido la participación privada en todos los sectores de la economía. La única manera de que la aprobación de la iniciativa tuviese algún tinte democrático sería la realización de nuevas elecciones y que el PRI defendiese en su campaña la iniciativa de Calderón (quizá con la ayuda de Televisa y Tv Azteca, no lo olvidemos), o que se realizase una consulta popular acerca de la iniciativa. Ninguna de estas posibilidades han sido aceptadas por la élite en el poder.
5. El argumento más contundente empleado para menospreciar una posible consulta popular es que la población no esta suficientemente preparada para decidir en temas petroleros, y que éstos deben dejarse en manos de técnicos. Ninguna afirmación más atrasada, puesto que bajo ese argumento podríamos derrumbar todas las estructuras aparentemente democráticas. En realidad, el común de los ciudadanos poco sabemos de los recovecos del tema petrolero y casi de cualquier otro sobre el que se elabora una iniciativa legislativa. Si no sabemos nada al respecto, cómo haremos para decidir correctamente a los legisladores que aprobaran las leyes o al titular del poder que las ejecutará. Sin embargo, en una consulta como la que se ha planteado, los ciudadanos elegirán sobre principios generales de la política petrolera, y no sobre el grosor específico e idóneo de un gasoducto o la cantidad de pozos a explorar en cierta zona. Es algo inherente a todo ser humano tener una opinión sobre los principios que deberían regir el comportamiento en su entorno. Y es derecho de los ciudadanos llamar a cuentas a los administradores de la cosa pública sobre los principios en que se basan las medidas concretas. Esto mismo hacen los accionistas de cualquier empresa privada. Así que pretender que los ciudadanos no pueden participar en el asunto petrolero es reducirlos a una condición de esclavos y negar los principios en los que se basa la civilización occidental desde hace unos 200 años o más.
6. La eficiencia económica no esta en conflicto con la existencia de empresas estatales que tengan exclusividad en algún sector, solo existen un conjunto de problemas que deben resolverse como la apropiación de rentas por los políticos y administradores públicos, el uso electoral y de control político de los presupuestos, la posibilidad de adaptarse a cambios repentinos, entre otros. Lo que es cierto es que la teoría económica vigente se preocupa más por como mejorar la regulación de las empresas privadas en sectores como el energético en lugar de hacer más eficientes a las empresas publicas. Pero esa es una cuestión de poder dentro de la teoría económica derivada de las relaciones de poder actuales en la sociedad. Pero nada más. Así que la elección de los principios generales sobre los que debe regirse la política petrolera tiene en realidad poco de técnico, y mucho más de la ética de las cosas públicas. Espero que participemos en la consulta que se avecina.
1. La situación actual de Pemex, y el sector energético en general, no es la deseable ni la óptima. Esto es producto, como casi siempre, de diversos factores. Años sin realizar las inversiones mínimas necesarias para mantener una operación medianamente eficiente, regulaciones inflexibles a las que se encuentra sometida la empresa y, sobre todo, una clase política que ha dirigido al país al menos desde hace unos 25 años que ve con aversión la existencia de empresas estatales dejándolas prácticamente en el abandono.
2. Los problemas de la empresa estatal pueden ser resueltos dentro del mismo paradigma que se establece la Constitución. No existe una imposibilidad teórica para que ello suceda, aunque los problemas asociados son distintos a los de la regulación de empresas privadas. Para ello, se necesita un presupuesto que permita ampliar y hacer más eficiente la operación de refinerías y plantas petroquímicas como elemento urgente y el desarrollo tecnológico para ampliar las capacidades de la empresa en el mediano plazo. Es necesario, también, el diseño de regulaciones que no sean onerosas de modo que los costos de la empresa pública puedan ser similares a los de una empresa privada que compitiera internacionalmente, pero que permitan mantener el control estatal sobre las operaciones petroleras en México.
3. Las propuestas de Calderón implican la desaparición paulatina de Pemex, puesto que las nuevas refinerías y otras instalaciones petroleras que serían manejadas por particulares irían desplazando las instalaciones actuales operadas por Pemex. Así, si bien la iniciativa no plantea la venta de activos de la empresa estatal, si implica tácitamente que las empresas privadas tengan cada vez mayor control de las operaciones petroleras mexicanas en casi todos los eslabones. Por otro lado, no se compensa a Pemex con la posibilidad de convertirse en una empresa eficiente que pudiera competir con esas empresas privadas tanto en el mercado interno como a nivel internacional. Por estas razones, la iniciativa de Calderón, lejos de fortalecer a Pemex, la condena en el mediano y largo plazo a ser solo en una agencia que asigna contratos y no una empresa propiamente. Una eventual aprobación de las iniciativas implicaría el rompimiento del paradigma de exclusividad de las empresas estatales en el sector petrolero.
4. También la eventual aprobación de las iniciativas implicaría, en caso de que el PRI las aceptara, un rompimiento al principio de representatividad que se supone da legitimidad a nuestra presunta democracia, ya que los documentos de principios de ese partido indican que sus legisladores no modificarían la exclusividad de la empresa estatal sobre las actividades petroleras. Es un caso distinto el del PAN, puesto que ese partido, si bien nunca lo propuso durante la compaña electoral, siempre ha favorecido la participación privada en todos los sectores de la economía. La única manera de que la aprobación de la iniciativa tuviese algún tinte democrático sería la realización de nuevas elecciones y que el PRI defendiese en su campaña la iniciativa de Calderón (quizá con la ayuda de Televisa y Tv Azteca, no lo olvidemos), o que se realizase una consulta popular acerca de la iniciativa. Ninguna de estas posibilidades han sido aceptadas por la élite en el poder.
5. El argumento más contundente empleado para menospreciar una posible consulta popular es que la población no esta suficientemente preparada para decidir en temas petroleros, y que éstos deben dejarse en manos de técnicos. Ninguna afirmación más atrasada, puesto que bajo ese argumento podríamos derrumbar todas las estructuras aparentemente democráticas. En realidad, el común de los ciudadanos poco sabemos de los recovecos del tema petrolero y casi de cualquier otro sobre el que se elabora una iniciativa legislativa. Si no sabemos nada al respecto, cómo haremos para decidir correctamente a los legisladores que aprobaran las leyes o al titular del poder que las ejecutará. Sin embargo, en una consulta como la que se ha planteado, los ciudadanos elegirán sobre principios generales de la política petrolera, y no sobre el grosor específico e idóneo de un gasoducto o la cantidad de pozos a explorar en cierta zona. Es algo inherente a todo ser humano tener una opinión sobre los principios que deberían regir el comportamiento en su entorno. Y es derecho de los ciudadanos llamar a cuentas a los administradores de la cosa pública sobre los principios en que se basan las medidas concretas. Esto mismo hacen los accionistas de cualquier empresa privada. Así que pretender que los ciudadanos no pueden participar en el asunto petrolero es reducirlos a una condición de esclavos y negar los principios en los que se basa la civilización occidental desde hace unos 200 años o más.
6. La eficiencia económica no esta en conflicto con la existencia de empresas estatales que tengan exclusividad en algún sector, solo existen un conjunto de problemas que deben resolverse como la apropiación de rentas por los políticos y administradores públicos, el uso electoral y de control político de los presupuestos, la posibilidad de adaptarse a cambios repentinos, entre otros. Lo que es cierto es que la teoría económica vigente se preocupa más por como mejorar la regulación de las empresas privadas en sectores como el energético en lugar de hacer más eficientes a las empresas publicas. Pero esa es una cuestión de poder dentro de la teoría económica derivada de las relaciones de poder actuales en la sociedad. Pero nada más. Así que la elección de los principios generales sobre los que debe regirse la política petrolera tiene en realidad poco de técnico, y mucho más de la ética de las cosas públicas. Espero que participemos en la consulta que se avecina.
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