articulo

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba;
La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo” .
Eduardo H. Galeano

EL APAGÓN NEOLIBERAL A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.
¡El SME, somos casi todos!

La desición arbitaria de Felipe Calderón Hinojosa bajo su régimen espurio al haber decretado la liquidación y extinción de la compañía regional Luz y Fuerza del Centro (LyFC), es la continuidad del proyecto económico neoliberal así como de próximas contrarreformas en México, el engaño al haberse autonombrado en sus tiempos de campaña electoral en el 2006 como el “Presidente del Empleo” hoy son letra muerta pues las más de 44 mil familias electricistas y otras más que han quedado en el desempleo les toca demostrar lo contrario.
Sobra decir que la liquidación y apagón definitivo a la paraestatal LyFC viene a ser la antesala de la contrarreforma de derecho del trabajo mejor conocida como la Nueva Cultura Laboral (1) cuyos principios pretenden ser aplicables a las relaciones obrero – patronales en México; la cual ha sido planeada desde hace varios años, tal contenido de reforma también viene a obedecer las imposiciones de los vientos que llegan del Hemisferio Norte como parte del TLCAN, por lo que obviamente en su mayoría resulta lesiva a los derechos laborales adquiridos de la clase obrera nacional; entonces es entendible que desactivando a uno de los fuertes sindicatos históricos será más factible su aprobación constitucional.
En sus aspectos jurídicos resulta ilegal dicho decreto constitucional del 11 de octubre del año que transcurre por lo siguiente:
• Se lesionan los derechos laborales de respeto a la Libertad sindical y protección del derecho de sindicación en México firmados en el Convenio 87 de la OIT en 1948 (2), pues la terminación de la relación de trabajo se hace de facto sin sujetarse a ningún procedimiento laboral mucho menos se toma en cuenta la consideración de la representación sindical del gremio electricista.
• Se transgreden los artículos 5, 14, 16 y 123 constitucionales en perjuicio de los afiliados al SME, pues la garantía de audiencia, de seguridad jurídica y de libertad sindical y de trabajo son ignoradas por el Ejecutivo Federal (3).
• Se vulnera la división de poderes y las facultades del Poder Legislativo Mexicano que señala el artículo 73 fracción X (4).
• Se utiliza un criterio legaloide al omitir ante la opinión pública la existencia de la figura laboral del patrón sustituto, responsable y solidario que refiere el artículo 41 (5) de la Ley Federal del Trabajo, el cual a la letra dice:
“ la substitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El Patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.
El termino de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores”.
Por ello considero que la responsabilidad solidaria del patrón Ejecutivo Federal y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe de absorber todas las acciones, prestaciones y derechos que reclamen los trabajadores electricistas. La naturaleza y materia del trabajo no terminó, sigue subsistiendo de ahí que la CFE siga en funcionamiento, la terminación unilateral de las relaciones de trabajo que decretó el espurio Calderón a LyFC no se sujetó en momento alguno a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo que refiere la LFT.
Sin embargo el objetivo general es echar atrás el decreto de liquidación y el respeto a la estabilidad en el empleo de los trabajadores electricistas. Para ello será determinante la objetividad e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) al momento de resolver los múltiples juicios de garantías que han iniciado para resolver el conflicto laboral SME-EJECUTIVO FEDERAL, sostengo que bastará con aducir que en la hermenéutica de la norma en materia del trabajo, siempre se deberá de resolver al principio latino in dubio pro operario, es decir que ante la duda razonable todo en beneficio del trabajador. La buena nueva es la suspensión definitiva en vía de amparo concedida el pasado viernes 6 de Noviembre al SME, lo que viene a motivar el ejercicio legal y civil de tal gremio obrero, pues dicha resolución a palabras del abogado diverso Carlos de Buen se concede para dos efectos (6):
a) Que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa.
b) Que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo.
La respuesta y solidaridad ciudadana seguirá siendo determinante para luchar juntos en esa lucha obrera, el sindicato de telefonistas ya ha empezado a dar la muestra, veremos quienes más se siguen solidarizando ante esa desequilibrada batalla contra el actual Ejecutivo Federal.
Una arista de análisis más es que la desición Calderonista viene a poner a prueba a los movimientos insurgentes y revolucionarios y a la sociedad toda en general para saber si están listos a seguir defendiendo su patrimonio que consolidó y reconoció al menos de derecho el pacto social de la Carta Magna de 1917 o por el contrario a seguir obedeciendo y mostrar nulo interés ante el desmantelamiento continuo del patrimonio nacional en manos del Gobierno Federal, quién a verdad sabida se subordina a los intereses del poder político y económico dominante en México.
En resumen:
1.- La emancipación espuria de la Paraestatal Luz y Fuerza del Centro por parte del Poder Ejecutivo Federal en complicidad de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, además de tener ausencia de espíritu nacionalista, es un golpe de mano derecha hacia el sindicalismo histórico en México y resulta a la vez un cheque en blanco con firma privatizadora al poder empresarial ansioso de usufructuar la tecnología del cableado óptico que genera el “triple play”.
2.- Dicho todo lo anterior, el insinuar que la victoria en la batalla del SME contra el Ejecutivo Federal está garantizada, resulta aventurado; más por el contrario el ratificar que los ejemplos e interés que empiezan a demostrar múltiples sectores de la sociedad mexicana en apoyo a la lucha, organización y resistencia de los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas por la reinstalación en sus puestos de trabajo y a la par recuperar su fuente de trabajo es lo que ya vale y marcará la pauta y ensayo a próximos embates de la derecha mexicana en contra del patrimonio nacional del Pueblo Mexicano; por ello es de pronóstico reservado el resultado final de dicha acometida al sindicalismo mexicano, quizá la respuesta más pronta la tenemos cada mexicano en el compromiso que asumamos.

¡ Juntos al paro nacional éste 11 de Noviembre, el SME somos casi todos!
¡ Por una huelga nacional, sino hay reinstalación inmediata a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro!
Atentamente:
Lic. Noé Yair López García*
San Luís Potosí, S.L.P. Invierno del 2009.

*Asesor y litigante en derecho social en San Luís Potosí, S.L.P.
(1) Fuente: http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/ago96/13ago96.html
(2) Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. El cuál señala en su artículo 11 que: “ todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación”.
(3) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Mc Graw Hill, octava edición, México 2000, págs. 5, 8,9,141-153.
(4) idem págs. 63-65.
(5) Trueba Urbina Alberto y otro. Ley Federal del Trabajo, pág. 42, Editorial Porrúa. México 2000.
(6) Fuente: Periódico La Jornada Aguascalientes, suplemento La Jornada sección política, pág 3. Edición sábado 07 de noviembre del 2009.

Atenco

ARTICULO

EL SITTGE Y LA GENUINA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES.

Hablar del respeto a los derechos laborales en San Luís Potosí, es complicado y difícil, al menos los dos anteriores sexenios del PRI-PAN gobierno se caracterizaron por la vulnerabilidad, violación continua y precarización en las relaciones de trabajo entre los trabajadores burócratas y el gobierno del Estado. El espíritu del constituyente plasmado en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue pilar importante para fundamentar y motivar el anhelo y la consolidación de la sindicalización independiente y la permanente defensa de los derechos laborales por parte de algunos trabajadores burócratas.
La colaboración en la asesoría legal en el transitar del sindicalismo independiente no ha sido fácil, el litigio contra las injusticias han sido desgastantes, pero el aliciente es que en la mayoría los resultados han sido favorables; hoy entre los nuevos conflictos ante en los Tribunales, están la solicitud de nulidad en la adopción de mecanismos de contratación como lo es el “outsourcing” en la contratación por parte del Estado; considerando en el supuesto y no concedido derecho que es una “figura de hecho” pero aún no de derecho en nuestra legislación laboral, la forma más simple de definirla es el fraude a la ley en materia de trabajo, delito en materia laboral que pareciera a los distintos Funcionarios Públicos no interesarles en incurrir; otras acciones litigiosas más son los reconocimientos de base, cambios de nombramiento o pago retroactivo de prestaciones sociales, producto de la contratación por parte del Estado, todo lo anterior son muestras de las excepciones de responsabilidades entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores de distintos niveles, el deseo afanoso del Gobierno en turno es el menor reconocimiento de prestaciones sociales para con sus trabajadores el Gobierno Estatal, tan es así que no da marcha atrás dentro del campo de la flexibilización laboral.
El recién aprobado y autorizado “año de hidalgo marcelista”, dicho de manera oficial deuda pública estatal de 1500 millones de pesos pagables a 20 años y con intereses de 112 millones anuales, dan muestra del derroche y manejo irresponsable del erario público, así como de la prioridad del actual gobierno, deseoso de construcción de obra pública más que por el justo reconocimiento y pago retroactivo de prestaciones sociales o creación de nuevas plazas para con sus trabajadores estatales.
Ahora bien, el panorama en las relaciones de los burócratas y el Gobierno del Estado con la llegada del galeno Fernando Toranzo no son esperanzadores, sin embargo con la participación e interés de los trabajadores por la defensa en el reconocimiento de derechos y obligaciones podrán incidir en el gobernante electo para el respeto al derecho sindical y los derechos que de él emanan.
Concluyo expresando que a nueve años de creación del SITTGE, el compromiso de la defensa de los derechos laborales, considero no ha sido olvidado, la vocación y compromiso de servicio de su mesa directiva en turno para la atención y solución en los problemas de sus afiliados no podrán demostrar lo contrario; la lucha por esos derechos no ha sido fácil ante gobiernos de corte neoliberal, empero la asesoría legal oportuna y la idea de la genuina defensa del trabajador han salido avante y eso ya es motivo de orgullo para festejar el presente aniversario, celebrando la existencia de presente Sindicato y los demás gremios sindicales que han sucedido posteriores a este, todo ello como parte del impulso al movimiento sindicalista independiente en San Luís Potosí.

Atentamente
Lic. Noé Yair López García
San Luís Potosí, S.L.P. 11 de Agosto del 2009.

· Discurso de participación en la ceremonia del IX aniversario de la creación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (S.I.T.T.G.E.) en el Salón Parafernalia, Colonia Lomas del Tecnológico, S.L.P.

Presentación de Libro "Huelgas, protestas y control social. El movimiento obrero en SLP, 1910-1936"

[Pasada la contingencia "epi-medio-lógica" que obligó a posponer esta actividad, finalmente ha sido reprogamada]

Se invita a la presentación del libro

Huelgas, protestas y control social.

El movimiento obrero en San Luis Potosí (1910-1936)

de Guillermo Luévano Bustamante

con los comentarios de:

Mtro. Miguel Orduña Carson, FFyL UNAM

Mtro. Federico Anaya-Gallardo, CEDH SLP

y el autor.

Jueves 18 de junio de 2009, 19:00 Hrs. Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UASLP

Invitacion

ഗൃപോ പ്ലുരല്‍ സാന്‍ ലൂയിസ് ഇന്വിട:

Opinión

MI SENTIR SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL QUE PRESENTÓ EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL FELIPE CALDERÓN HINOJOSA EL PASADO 20 DE ABRIL DEL २००९.

Ante la obvia genuflexión política de Felipe Calderón Hinojosa a la política intervencionista y hemisférica que pretende imponer Estados Unidos de América (E.U.A.) sobre América Latina, y que en México encuentra sus bases en el establecimiento del Estado de Militarización a través de proyectos de desarrollo: son los casos de los planes de “desarrollo e integración” foxista: 3P, Plan Puebla Panamá, o el actual calderonista: Plan Mérida, mismos que son ejemplos propios de ese proyecto hegemónico imperialista de los E.U.A.; aparece la presente iniciativa ejecutiva a discutir.
Dice Heinz Dieterich en su libro: Noam Chomsky habla de América Latina: que Estados Unidos continuamente está formando sus fracciones golpistas – bajo el pretexto del combate al narcotráfico- para que los golpes de Estado “preventivos” se puedan dar, cuando la destrucción de la gobernabilidad democrática por el neoliberalismo lo exija. La visita de los espejos de Eduardo Galeano en meses pasados por México refuerza lo antes dicho.
Entendido lo anterior, es de recalcar la connivencia del Titular Ejecutivo Federal Felipe Calderón Hinojosa hacia los Estados Unidos de América, al optar por implementar ese tipo de políticas de Estado que obedecen a intereses y planes de la derecha política y estadounidense en vísperas del expansionismo e intervencionismo, de ahí que Calderón Hinojosa vaya logrando entendimientos en materia de seguridad nacional con el país del norte, lamentablemente estos son en perjuicio y retroceso social, histórico y político de México. Muestra de lo anterior, son la recién entregada iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional de fecha 20 de Abril del año que transcurre, la cual dice, pugna por:
El fortalecimiento del Estado de Derecho.
El fortalecimiento de la seguridad interna.
Redefinición de los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública, y seguridad interior.
La instauración de un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. Tal procedimiento, inicia con una solicitud de declaratoria de la autoridad competente ante el Secretario Ejecutivo del “Consejo Nacional de Seguridad Nacional” sic, el cuál integrará el expediente. Hecho lo anterior, se elaborará una acta circunstanciada con las deliberaciones y acuerdos del consejo, posteriormente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en tal declaratoria serán incluidas la situación que constituye la afectación a la seguridad interior, el estado actual y la ubicación geográfica, las medidas a implementarse y su temporalidad, así como la institución responsable y las autoridades que colaborarán.
Instauración de averiguaciones previas con motivo de la seguridad interior, con la intervención del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del lapso que no exceda de ocho horas pueda decretar sobre la solicitud de medidas o providencias cautelares.
Autonomía legal y administrativa del Centro de Investigación de Seguridad Nacional ( CISEN ) para una mejor eficiencia y buen desarrollo de sus labores en la inteligencia y contrainteligencia que se presuman afecten la seguridad interior del Estado Mexicano.
La intervención de comunicaciones privadas. Por ello las empresas que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo están obligados a conceder todas las facilidades para la intervención de comunicaciones privadas en términos de la autorización judicial correspondiente, así como acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades esas actividades.
Antecedentes.-
En fecha 31 de Enero del 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, la cual entraría en vigor al día siguiente. Dicha Ley era presentada por la Secretaría de gobernación del entonces Presidente Vicente Fox Quezada. La cuál respondía oficialmente a la reforma al artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Además esta Ley tiene una base constitucional de fecha 2004, en el artículo 73 fracción XXIX-M y 89 fracción VI, donde se faculta al Ejecutivo Federal para preservar la seguridad nacional por la cual podrá disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para garantizar la seguridad interior y exterior.
En el plano social y político: era la reacción del Estado Mexicano a la represión injustificada en San Salvador Atenco, Sicartsa entre otros conflictos sociales más.
Consideraciones político legales.-
Tanto en la Ley de Seguridad Nacional, como en la pretendida reforma calderonista, se omite profundizar en:
La defensa exterior.
Pero omite sobre la seguridad exterior, de hecho obedece más a interés de la Derecha, que a lograr una tranquilidad social.
Es decir, no expone ni pone a discusión cuál podría ser el papel del Ejecutivo Federal ante las políticas de gobierno e integración global, donde se opte por el beneficio e interés colectivo. Bien dice Luis Javier Garrido en palabras de Chomsky en el libro en consulta, “que la política exterior de Estados Unidos está diseñada para crear y mantener un orden internacional en el cual los intereses económicos estadounidenses puedan prosperar”.
También se trata de disponer de la fuerza Armada Permanente (Ejército, Armada y fuerza Aérea Mexicana) para fines de acciones de carácter civil, lo cual es rechazable, pues las fuerzas armadas deben de ser utilizadas para la defensa de la soberanía nacional, y no para ejercer acciones y jurisdicciones propias de las autoridades civiles.
La constitucionalidad de la participación de la Fuerza Armada Permanente en asuntos de carácter civil no es la medida adecuada para solventar el malestar social de los ciudadanos mexicanos, el necesario legrado político en los funcionarios públicos debe de ser la medida más acertada para reivindicar a las Instituciones de duda pública que hoy administran e imparten la Justicia en México, la citada cirugía política deberá de realizarse en los tres poderes del Estado: el Legislativo, Judicial y el Ejecutivo. La omisión de invitar a la sociedad civil a analizar y discutir este tipo de iniciativas seguirá creando la inconformidad ciudadana que imagina que basta con ejercer sus garantías individuales para que no sea molestado en su persona, papeles, posesiones o derechos, que disfruta de la libertad de asociación, de tránsito y de pensamiento, cuando esto se acota por este tipo de contrarreformas.
La contricción muy fuera de tiempo, pero no por ello interesante de Miguel de la Madrid Hurtado (segundo responsable del inicio del desmantelamiento social del Estado mexicano con la llegada del Neoliberalismo económico) en relación a las corruptelas y de enlaces con el narcotráfico de la familia Salinas de Gortari, durante los tiempos que Carlos Salinas usurpó la presidencia de la República 1988-1994, da muestras de la existencia de intereses creados entre el narcotráfico y el Poder Ejecutivo Federal en turno, esto más allá de la senilidad prematura diagnosticada por Carlos Salinas de Gortari hacia de la Madrid Hurtado, por haberle dañado este último al primero sus principales enfermedades patológicas: la megalomanía y pánico al ostracismo.
Por tanto es inaceptable que las reformas a la actual legislación sobre seguridad nacional vayan encaminadas a fortalecer una lucha contra la “delincuencia organizada” y más aún contra el narcotráfico, pues hasta la fecha es una batalla invisible, al menos Vicente Fox Quezada puso en duda lo anterior al poco poder hacer ante la “huída” sospechosa del capo de Forbes, en el penal de almoloya de Juárez en marzo del 2001, empero quizá si en cambio vayan dirigidas a un control constitucional de facto sobre los derechos humanos a la par de las garantías individuales de los movimientos sociales en México.
Sin embargo, ejemplos de amenazas de seguridad nacional en el Pueblo Mexicano han sido la continuidad del modelo económico neoliberal sustentado en el desmantelamiento del Estado Social y tendiente a la privatización de los servicios públicos ( Ferrocarriles Mexicanos, TELMEX, PEMEX, entre otras paraestatales que han desaparecido) deberán de considerarse como tales, pues en parte son lo que han provocado el malestar ciudadano dentro de los procesos de resistencia por negarse a entregarlas al capital privado; empero Calderón Hinojosa se preocupa más por perpetuarse en los próximos tres años que le restan, y la derecha política en México parece ir más allá; de ahí que el ejecutivo federal presente este tipo de reformas militarizadas.
Recientemente en cadenas de televisión nacional se incita a los usuarios de compañías de teléfonos celulares a que inscriban sus datos en la compañía de la cual es el equipo telefónico, lo cual demuestra que avanza el control de un padrón único para disponer y entregar la información necesaria al equipo de inteligencia y contrainteligencia interesado en la intervención de comunicación privada entre ciudadanos.
Todo lo anterior y agregándole la publicación del decreto presidencial de fecha 25 de abril del año actual en el Diario Oficial de la Federación, por el cual el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Salud y Gobernación asumen el control del estado de emergencia sanitario en México, con facultades amplias delegadas en funcionarios del gobierno mexicano a ingresar a cualquier inmueble público o privado y disolver “congregaciones de personas” como parte de las medidas del gobierno espurio de Felipe Calderón a efecto de prevenir la PAN-demia de la influenza humana, además de asumir la “ regulación del control terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer de libremente de todos los medios de transporte de propiedad del Estado y del servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos estos últimos”, la duda es ¿ y las garantías sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; me refiero a la libertad de asociación y de tránsito.
Para finalizar:
Primero.- El control hemisférico de los Estados Unidos de América en materia de seguridad exterior no da marcha atrás, de ahí que iniciativas como la que se analiza y discute demuestren lo afirmado. Felipe Calderón se preocupa por legalizar la suspensión de garantías en México en momentos procesales políticos oportunos, es decir “siempre” que haya un peligro para la seguridad interior, a lo cual podrá decretar una zona de excepción territorial, para ello se valdrá de intervenir llamadas telefónicas, incursiones en viviendas sin orden judicial, cateos sin fundamentación o motivación alguna, incluso fortaleciendo “Instituciones de espionaje del Estado” como es el Centro de Investigación de Seguridad Nacional ( CISEN ) para realicen tales tareas.
Segundo.- La criminalización de la inconformidad ciudadana sigue constitucionalizándose, los casos de represión de Estado en San Salvador Atenco, de la lucha insurgente de la APPO en Oaxaca, recientemente el desalojo de los comuneros de Ocotlán Oaxaca por oponerse a la continuidad de una trasnacional minera, entre otros problemas sociales más, han obligado al Estado Mexicano a prevenirse y “fundamentar” las acciones de intervención militar, de espionaje telefónico, en la mayoría represivas y sin garante alguno de respeto a los derechos humanos, de ahí que se continúe legislando sobre la seguridad nacional, es decir el autoritarismo del Régimen Presidencialista en pleno apogeo.
Tercero.- La presentación de este tipo de iniciativas, por parte de Felipe Calderón Hinojosa en el carácter de Titular del Ejecutivo Federal en México, seguirá contribuyendo al malestar social, por ello el compromiso de la actual o siguiente Legislatura en el Congreso de la Unión en San Lázaro, deberá de ser en beneficio a los intereses del Pueblo Mexicano, en tal virtud deberán de abrirse espacios de discusión académica, ciudadana y en general para saber y entender el sentir de los mexicanos, sé que la Derecha Política está detrás de esas reformas, por ello el papel que habrán de desempeñar los Diputados del PRD, PT y CONVERGENCIA deberá de ser refrendado con el voto en contra de esa espuria iniciativa, insistiendo que debe de ser básica la labor de difusión amplia sobre el contenido de tal iniciativa, para que sea el pueblo Mexicano el que decida sobre dicha Ley.
¡Libertad e indulto político a Miguel Ángel Wong Soto, rehén panista de Marcelo de los Santos Fraga!
¡Libertad y Justicia para los 12 presos políticos de San Salvador Atenco, Estado de México!
¡Liberación inmediata a los presos políticos del mundo entero!
Atentamente
Lic. Noé Yair López García
San Luis Potosí, S.L.P. en los veintidós días de mayo del 2009.