Sobre la privatización de la basura en San Luis Potosi.

San Luis Potosí, S.L.P. 21 de agosto del 2008, México.

Al Congreso del Estado de San Luis Potosí.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
A la Opinión Pública.
P r e s e n t e.

1. Las y los suscritos, habitantes de la capital de San Luis Potosí, manifestamos que en virtud de que el gobierno municipal de la capital potosina encabezado por Jorge Lozano Armengol, presentó[1] ante este Congreso del Estado la sorpresiva propuesta para privatizar el servicio público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de basura o residuos[2]; ante esta situación las y los abajo firmantes, rechazamos enérgicamente tan nociva decisión, solicitamos sea desechada esa propuesta, pues en caso de aprobarse representaría como han sido otras, actos contrarios a las normas constitucionales que carecen de validez jurídica y un duro revés al bolsillo de los potosinos y potosinas

2. La posibilidad de que la autoridad municipal otorgué el servicio público, de recolección domiciliaria de basura[3], el transporte de los residuos sólidos no peligrosos generados, así como su tratamiento y disposición final, para que se proporcione por un tercero como lo es una empresa particular, permitirá que se nos cobre a la ciudadanía por tal servicio, el costo puede ser similar al caso del municipio de Cuernavaca en el estado de Morelos donde se privatizó el servicio de recolección de basura y el cobro es por el número de bolsas o en Ciudad Madero, Tamaulipas el cobro mensual es de 50 pesos desde enero del 2006, todo ello sin contar las cargas que se pagan por los gobernados por concepto del impuesto predial y demás operaciones relacionadas con el fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora de los inmuebles, así como por el cobro de derechos derivados de los servicios que presta la autoridad municipal.

3. De la misma manera tal posibilidad de privatización, tendrá por efecto que aproximadamente dos mil ciudadanos y ciudadanas pierdan definitivamente su fuente de trabajo, en lo específico de servicio de recolección urbana 270 personas, de barrido manual 258 personas, barrido mecánico 17 personas y personal de recolección de basura excedente 18 personas todos ellos del Ayuntamiento de la capital potosina, sin contar a sus familias; asimismo 1000 personas entre pepenadores y pepenadoras integrado por mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores que por décadas se han dedicado a esta difícil labor, perderán sus permisos para desempeñar el servicio como lo es la recolección y acceso a la basura, no dejamos de mencionar que estas personas son parte de grupos vulnerables que el estado por obligación jurídica y social tiene que proteger; más de 800 personas de recolectores y carretoneros sin mencionar a los integrantes de sus familias, perderán definitivamente sus permisos para desempeñar el servicio como es la recolección y acceso a la basura. ¿A donde irá a parar esta parte de la ciudadanía?, ¿Quién genera el conflicto social, con tales desiciones?, ¿Quien se beneficia con las privatizaciones?, ¿Esto es lo que ofrecen al pueblo potosino los encargados de crear y ejecutar las políticas de empleo?

4. Ante la posibilidad de la privatización del servicio de recolección domiciliaría de basura se privaría a toda la ciudadanía potosina del derecho que reconocen los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos mencionan que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país a través de sus representantes y directamente, es decir la obligación de los gobiernos de consulta previa ente desiciones trascendentales como es en este caso la privatización de la basura. La Declaración Universal de Derechos Humanos que en su articulo 21 dice: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente... 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público... La Carta Democrática Interamericana suscrita por México reconoce que la participación ciudadana en los asuntos trascendentales de un país, es un derecho de toda persona y un elemento indispensable para considerar democrático a un Estado. A todo integrante de la sociedad civil le corresponde participar, ser parte activa de la toma de decisiones de la Nación y más aùn en los municipios donde habita, ello desde un sentido cívico nacionalista y como un derecho humano reconocido por los Tratados Internacionales firmados por México y en la Carta de Querétaro. La libertad política es la base del resto de las libertades, ya que en la medida que dentro de un sistema que dice ser democrático de representación, se conforme un régimen dentro del cual se establezca el respeto a las libertades políticas, el resto de las libertades deberán considerarse autenticas y suficientes para permitir la vida en sociedad. Es decir, en la medida que exista libertad política, no solo para la elección de representantes, sino también para la exigencia de responsabilidades a aquellas autoridades que excedan o incumplan las funciones para las cuales fueron electos o designados, se construirá una cultura de participación social en aquellas cuestiones que conciernen a su interés y a la solución de los problemas de su vida cotidiana.

5. Otro asunto pendiente ante la ciudadanía es relacionado al sitio de disposición final “Peñasco”, que fue señalado por la propia autoridad municipal como un espacio agotado para recibir basura, es el caso que se ordeno remediarlo, por lo cual se convoco a una licitación y la empresa “Vigue” fue la ganadora por lo cual cobró cincuenta millones de pesos por la remediación del relleno sanitario, de este gasto no se han rendido cuentas ante la ciudadanía y mucho menos se ha llevado a cabo la auditoria correspondiente. La inexistencia de adecuados mecanismos que permitan a la ciudadanía supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la clase política, favorece en gran medida el uso de las instituciones en favor de intereses particulares, tiene como origen la fragilidad democrática o la ausencia de democracia, más allá de las formas y la injerencia de poderosos grupos de interés, correspondiente con la debilidad institucional y la cuestionada legitimidad de los grupos políticos, constituye el principal obstáculo para que el Estado pueda respetar y garantizar los derechos humanos en el país.

6. La privatización de los servicios públicos no es la panacea, lo dice la realidad mexicana, aunque se afirme que los organismos públicos no sirven para administrar[4], en este caso incluimos la tentativa de privatizar Petróleos Mexicanos; la producción, manejo y confinamiento de los residuos sólidos es competencia de toda la sociedad, mas su gestión, recae regularmente en los niveles locales de cada entidad, proponemos como ya se ha señalado: un manejo integral de los residuos en donde se cumplan los siguientes cuatro requisitos, el primero es reducir el consumo, el segundo es reutilizar, el tercero es reciclar y el cuarto es recuperar, lo que involucra no sólo el cumplimiento de las leyes sanitarias y un control por parte de la administración en torno al manejo de la basura sino también una participación de la sociedad civil por parte de la cultura del reciclaje. No dejamos de mencionar que las autoridades municipales han descuidado como una entrada más para las arcas públicas la explotación del biogás que produce los residuos y el reciclado de residuos de valor como el plástico entre otros.

7. En caso de que este Congreso del Estado decrete de procedente la privatización propuesta por el Ayuntamiento, promoveremos juicios de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, otra vía, es la acción de inconstitucionalidad, procedimiento de defensa constitucional, que se buscará sea presentada por algún partido político.

¡POR UNA CULTURA CIUDADANA DEL RECICLAJE!
¡POR UNA CONSULTA PREVIA ANTE LA TOMA DE DESICIONES QUE AFECTEN A LA CIUDADANÍA POTOSINA!
¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCIÓN DE BASURA¡¡

Nombre de quien las recibe:
Informes: frenteampliociudadanoslp@hotmail.com

[1]Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Cabildo del año 2008, de la Administración Municipal de la capital de San Luis Potosí para el periodo 2007-2009.

[2]Según Alfredo Ávila Galarza señala que el término Residuo es más apropiado que el de desecho o basura, así la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente define como residuo a “cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que lo generó”. De acuerdo con su composición los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Revista Ciencia San Luís Potosí. Año 3. Numero 29. Julio 2007.Instituto de Investigación Científica y Tecnológica. (IPICYT).

[3]En la capital de San Luís Potosí, la producción diaria de basura de los Residuos Sólidos Municipales (RSM) es de 800 gramos a un kilo por habitante y mas de 208 mil toneladas se producen anualmente en la ciudad, según la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM). Ávila Galarza Alfredo. Ob. cit. Pág. 1.

[4]Si llegara a privatizarse este servicio público, la empresa que gane la licitación que convoca el Ayuntamiento de la Capital, carecerá de toda infraestructura ya que según el doctor Alfredo Ávila investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí (UASLP) en su articulo “La Basura como problema ambiental[4]” señala que, la generación per cápita de residuos se ha incrementado en las ultimas cuatro décadas en casi 7 veces. Las características de los residuos han cambiado de biodegradables a elementos de lenta y difícil degradación, los pequeños centros de población carecen generalmente de servicio de recolección y disposición final por lo que los residuos serán tirados a cuerpos de agua y predios baldíos. Ídem.

RECIBIDO POR LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA DE HOY A LAS 9:55 AM.