La reciente intención de autorizar un incremento en la tarifa del transporte urbano podría analizarse desde dos niveles:
1. La necesidad de aplicar subsidios y transferencias entre grupos de la población.
2. La imposición de una tarifa que permita a los permisionarios recuperar costos.
Desde la primera perspectiva, los argumentos de la autoridad son débiles, pues ni siquiera se discute si es necesario aplicar subsidios a la tarifa, más allá de lo que ya se tiene con respecto a estudiantes y personas mayores. Ante la inminente recesión económica, la desigualdad imperante en nuestra sociedad, y el hecho de que el transporte colectivo es utilizado preponderantemente por las personas de escasos recursos, cabría preguntarse si la aplicación de un subsidio sería una medida eficiente en términos de una política redistributiva. Claro que esta política está ausente en la visión de los gobernantes actuales, así que poco podemos esperar al respecto.
En cuanto al segundo punto, lo que impera es la falta de transparencia porque, hasta donde tengo conocimiento, no existen estudios públicos y verificables de cuáles son las condiciones financieras en las que operan los permisionarios. Los estudiantes de la UASLP han prometido un estudio al respecto, lo esperamos. Mientras tanto, dos datos que nos permitirían evaluar si la tarifa impuesta es justa son los siguientes:
a) En el Distrito Federal, la tarifa para autobuses comparables a los que circulan en San Luis Potosí, es de 3.50 a 4.50 pesos por persona, dependiendo de la distancia recorrida. No hay subsidios para estos permisionarios, a excepción de que el gobierno actua como aval en los préstamos con los que los permisionarios adquieren unidades y con ello disminuye su costo financiero. Es de esperarse que los costos por persona sean relativamente similares, o incluso mayores considerando que allá se pierde mucho tiempo en el trafico ( a veces horas enteras) y que los sueldos promedio de los trabajadores en el DF son mayores a los de San Luis Potosí, por lo que es de suponerse que los sueldos de los trabajadores del volante son mayores en el DF. Habría que investigar más al respecto, pero este solo indicador hace pensar que la tarifa actual en San Luis Potosí esta por encima de una tarifa justa. Después de todo, y yo soy testigo de esto, el servicio que se ofrece en el DF y San Luis Potosí es muy similar, si excluimos a los míticos micros del DF cuyo servicio es muy inferior, pero que tienen tarifas aún menores a las mencionadas arriba.
b) Si la tarifa fuese injusta, de modo que no permitiera a los permisionarios recuperar sus costos, evidentemente no veríamos ningún autobús operando, ya que nadie se mantendría en un negocio que no ofrece ganancias. En ese sentido, una forma de observar si las tarifas impuestas permiten obtener ganancias por encima de los costos (en economía los costos incluyen el pago al capital y en este caso específico incluirían los pagos que hay que realizar al gobierno para obtener el permiso para prestar el servicio y demás contribuciones) es investigar si existe un mercado de permisos (no se si la venta de permisos es legal o no). En caso de que existiera un mercado donde se compren o vendan los permisos de forma legal o irregular, y si la tarifa propuesta es tal que solo permite la recuperación de los costos, incluidos aquéllos del capital y las contribuciones al gobierno, el valor del permiso en ese mercado sería cero. Es decir, nadie estaría interesado en adquirir una concesión para prestar el servicio, a menos que las ganancias que le asegure ese negocio sean mayores que las que se obtienen en cualquier otro.
El gobierno y los permisionarios no solo tienen la obligación de afirmar y comprobar que se han incrementado los costos, lo cual es creible, aunque habría que analizar si las nuevas unidades gastan más o menos combustibles, sino que deben comprobar que la tarifa es justa en el sentido de que solo sea la necesaria para recuperar los costos en el largo plazo, sin permitir ganancias extraordinarias a lo que se obtiene en otras actividades empresariales con tan poco riesgo como el ser permisionario. Después, el gobierno debe explicar por qué considera innecesario aplicar subsidios a este caso, tal como lo hace, por ejemplo, al construir puentes sin cobro alguno para quienes los usan.
1. La necesidad de aplicar subsidios y transferencias entre grupos de la población.
2. La imposición de una tarifa que permita a los permisionarios recuperar costos.
Desde la primera perspectiva, los argumentos de la autoridad son débiles, pues ni siquiera se discute si es necesario aplicar subsidios a la tarifa, más allá de lo que ya se tiene con respecto a estudiantes y personas mayores. Ante la inminente recesión económica, la desigualdad imperante en nuestra sociedad, y el hecho de que el transporte colectivo es utilizado preponderantemente por las personas de escasos recursos, cabría preguntarse si la aplicación de un subsidio sería una medida eficiente en términos de una política redistributiva. Claro que esta política está ausente en la visión de los gobernantes actuales, así que poco podemos esperar al respecto.
En cuanto al segundo punto, lo que impera es la falta de transparencia porque, hasta donde tengo conocimiento, no existen estudios públicos y verificables de cuáles son las condiciones financieras en las que operan los permisionarios. Los estudiantes de la UASLP han prometido un estudio al respecto, lo esperamos. Mientras tanto, dos datos que nos permitirían evaluar si la tarifa impuesta es justa son los siguientes:
a) En el Distrito Federal, la tarifa para autobuses comparables a los que circulan en San Luis Potosí, es de 3.50 a 4.50 pesos por persona, dependiendo de la distancia recorrida. No hay subsidios para estos permisionarios, a excepción de que el gobierno actua como aval en los préstamos con los que los permisionarios adquieren unidades y con ello disminuye su costo financiero. Es de esperarse que los costos por persona sean relativamente similares, o incluso mayores considerando que allá se pierde mucho tiempo en el trafico ( a veces horas enteras) y que los sueldos promedio de los trabajadores en el DF son mayores a los de San Luis Potosí, por lo que es de suponerse que los sueldos de los trabajadores del volante son mayores en el DF. Habría que investigar más al respecto, pero este solo indicador hace pensar que la tarifa actual en San Luis Potosí esta por encima de una tarifa justa. Después de todo, y yo soy testigo de esto, el servicio que se ofrece en el DF y San Luis Potosí es muy similar, si excluimos a los míticos micros del DF cuyo servicio es muy inferior, pero que tienen tarifas aún menores a las mencionadas arriba.
b) Si la tarifa fuese injusta, de modo que no permitiera a los permisionarios recuperar sus costos, evidentemente no veríamos ningún autobús operando, ya que nadie se mantendría en un negocio que no ofrece ganancias. En ese sentido, una forma de observar si las tarifas impuestas permiten obtener ganancias por encima de los costos (en economía los costos incluyen el pago al capital y en este caso específico incluirían los pagos que hay que realizar al gobierno para obtener el permiso para prestar el servicio y demás contribuciones) es investigar si existe un mercado de permisos (no se si la venta de permisos es legal o no). En caso de que existiera un mercado donde se compren o vendan los permisos de forma legal o irregular, y si la tarifa propuesta es tal que solo permite la recuperación de los costos, incluidos aquéllos del capital y las contribuciones al gobierno, el valor del permiso en ese mercado sería cero. Es decir, nadie estaría interesado en adquirir una concesión para prestar el servicio, a menos que las ganancias que le asegure ese negocio sean mayores que las que se obtienen en cualquier otro.
El gobierno y los permisionarios no solo tienen la obligación de afirmar y comprobar que se han incrementado los costos, lo cual es creible, aunque habría que analizar si las nuevas unidades gastan más o menos combustibles, sino que deben comprobar que la tarifa es justa en el sentido de que solo sea la necesaria para recuperar los costos en el largo plazo, sin permitir ganancias extraordinarias a lo que se obtiene en otras actividades empresariales con tan poco riesgo como el ser permisionario. Después, el gobierno debe explicar por qué considera innecesario aplicar subsidios a este caso, tal como lo hace, por ejemplo, al construir puentes sin cobro alguno para quienes los usan.
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