Opinión

MI SENTIR SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL QUE PRESENTÓ EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL FELIPE CALDERÓN HINOJOSA EL PASADO 20 DE ABRIL DEL २००९.

Ante la obvia genuflexión política de Felipe Calderón Hinojosa a la política intervencionista y hemisférica que pretende imponer Estados Unidos de América (E.U.A.) sobre América Latina, y que en México encuentra sus bases en el establecimiento del Estado de Militarización a través de proyectos de desarrollo: son los casos de los planes de “desarrollo e integración” foxista: 3P, Plan Puebla Panamá, o el actual calderonista: Plan Mérida, mismos que son ejemplos propios de ese proyecto hegemónico imperialista de los E.U.A.; aparece la presente iniciativa ejecutiva a discutir.
Dice Heinz Dieterich en su libro: Noam Chomsky habla de América Latina: que Estados Unidos continuamente está formando sus fracciones golpistas – bajo el pretexto del combate al narcotráfico- para que los golpes de Estado “preventivos” se puedan dar, cuando la destrucción de la gobernabilidad democrática por el neoliberalismo lo exija. La visita de los espejos de Eduardo Galeano en meses pasados por México refuerza lo antes dicho.
Entendido lo anterior, es de recalcar la connivencia del Titular Ejecutivo Federal Felipe Calderón Hinojosa hacia los Estados Unidos de América, al optar por implementar ese tipo de políticas de Estado que obedecen a intereses y planes de la derecha política y estadounidense en vísperas del expansionismo e intervencionismo, de ahí que Calderón Hinojosa vaya logrando entendimientos en materia de seguridad nacional con el país del norte, lamentablemente estos son en perjuicio y retroceso social, histórico y político de México. Muestra de lo anterior, son la recién entregada iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional de fecha 20 de Abril del año que transcurre, la cual dice, pugna por:
El fortalecimiento del Estado de Derecho.
El fortalecimiento de la seguridad interna.
Redefinición de los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública, y seguridad interior.
La instauración de un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. Tal procedimiento, inicia con una solicitud de declaratoria de la autoridad competente ante el Secretario Ejecutivo del “Consejo Nacional de Seguridad Nacional” sic, el cuál integrará el expediente. Hecho lo anterior, se elaborará una acta circunstanciada con las deliberaciones y acuerdos del consejo, posteriormente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en tal declaratoria serán incluidas la situación que constituye la afectación a la seguridad interior, el estado actual y la ubicación geográfica, las medidas a implementarse y su temporalidad, así como la institución responsable y las autoridades que colaborarán.
Instauración de averiguaciones previas con motivo de la seguridad interior, con la intervención del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del lapso que no exceda de ocho horas pueda decretar sobre la solicitud de medidas o providencias cautelares.
Autonomía legal y administrativa del Centro de Investigación de Seguridad Nacional ( CISEN ) para una mejor eficiencia y buen desarrollo de sus labores en la inteligencia y contrainteligencia que se presuman afecten la seguridad interior del Estado Mexicano.
La intervención de comunicaciones privadas. Por ello las empresas que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo están obligados a conceder todas las facilidades para la intervención de comunicaciones privadas en términos de la autorización judicial correspondiente, así como acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades esas actividades.
Antecedentes.-
En fecha 31 de Enero del 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, la cual entraría en vigor al día siguiente. Dicha Ley era presentada por la Secretaría de gobernación del entonces Presidente Vicente Fox Quezada. La cuál respondía oficialmente a la reforma al artículo 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Además esta Ley tiene una base constitucional de fecha 2004, en el artículo 73 fracción XXIX-M y 89 fracción VI, donde se faculta al Ejecutivo Federal para preservar la seguridad nacional por la cual podrá disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para garantizar la seguridad interior y exterior.
En el plano social y político: era la reacción del Estado Mexicano a la represión injustificada en San Salvador Atenco, Sicartsa entre otros conflictos sociales más.
Consideraciones político legales.-
Tanto en la Ley de Seguridad Nacional, como en la pretendida reforma calderonista, se omite profundizar en:
La defensa exterior.
Pero omite sobre la seguridad exterior, de hecho obedece más a interés de la Derecha, que a lograr una tranquilidad social.
Es decir, no expone ni pone a discusión cuál podría ser el papel del Ejecutivo Federal ante las políticas de gobierno e integración global, donde se opte por el beneficio e interés colectivo. Bien dice Luis Javier Garrido en palabras de Chomsky en el libro en consulta, “que la política exterior de Estados Unidos está diseñada para crear y mantener un orden internacional en el cual los intereses económicos estadounidenses puedan prosperar”.
También se trata de disponer de la fuerza Armada Permanente (Ejército, Armada y fuerza Aérea Mexicana) para fines de acciones de carácter civil, lo cual es rechazable, pues las fuerzas armadas deben de ser utilizadas para la defensa de la soberanía nacional, y no para ejercer acciones y jurisdicciones propias de las autoridades civiles.
La constitucionalidad de la participación de la Fuerza Armada Permanente en asuntos de carácter civil no es la medida adecuada para solventar el malestar social de los ciudadanos mexicanos, el necesario legrado político en los funcionarios públicos debe de ser la medida más acertada para reivindicar a las Instituciones de duda pública que hoy administran e imparten la Justicia en México, la citada cirugía política deberá de realizarse en los tres poderes del Estado: el Legislativo, Judicial y el Ejecutivo. La omisión de invitar a la sociedad civil a analizar y discutir este tipo de iniciativas seguirá creando la inconformidad ciudadana que imagina que basta con ejercer sus garantías individuales para que no sea molestado en su persona, papeles, posesiones o derechos, que disfruta de la libertad de asociación, de tránsito y de pensamiento, cuando esto se acota por este tipo de contrarreformas.
La contricción muy fuera de tiempo, pero no por ello interesante de Miguel de la Madrid Hurtado (segundo responsable del inicio del desmantelamiento social del Estado mexicano con la llegada del Neoliberalismo económico) en relación a las corruptelas y de enlaces con el narcotráfico de la familia Salinas de Gortari, durante los tiempos que Carlos Salinas usurpó la presidencia de la República 1988-1994, da muestras de la existencia de intereses creados entre el narcotráfico y el Poder Ejecutivo Federal en turno, esto más allá de la senilidad prematura diagnosticada por Carlos Salinas de Gortari hacia de la Madrid Hurtado, por haberle dañado este último al primero sus principales enfermedades patológicas: la megalomanía y pánico al ostracismo.
Por tanto es inaceptable que las reformas a la actual legislación sobre seguridad nacional vayan encaminadas a fortalecer una lucha contra la “delincuencia organizada” y más aún contra el narcotráfico, pues hasta la fecha es una batalla invisible, al menos Vicente Fox Quezada puso en duda lo anterior al poco poder hacer ante la “huída” sospechosa del capo de Forbes, en el penal de almoloya de Juárez en marzo del 2001, empero quizá si en cambio vayan dirigidas a un control constitucional de facto sobre los derechos humanos a la par de las garantías individuales de los movimientos sociales en México.
Sin embargo, ejemplos de amenazas de seguridad nacional en el Pueblo Mexicano han sido la continuidad del modelo económico neoliberal sustentado en el desmantelamiento del Estado Social y tendiente a la privatización de los servicios públicos ( Ferrocarriles Mexicanos, TELMEX, PEMEX, entre otras paraestatales que han desaparecido) deberán de considerarse como tales, pues en parte son lo que han provocado el malestar ciudadano dentro de los procesos de resistencia por negarse a entregarlas al capital privado; empero Calderón Hinojosa se preocupa más por perpetuarse en los próximos tres años que le restan, y la derecha política en México parece ir más allá; de ahí que el ejecutivo federal presente este tipo de reformas militarizadas.
Recientemente en cadenas de televisión nacional se incita a los usuarios de compañías de teléfonos celulares a que inscriban sus datos en la compañía de la cual es el equipo telefónico, lo cual demuestra que avanza el control de un padrón único para disponer y entregar la información necesaria al equipo de inteligencia y contrainteligencia interesado en la intervención de comunicación privada entre ciudadanos.
Todo lo anterior y agregándole la publicación del decreto presidencial de fecha 25 de abril del año actual en el Diario Oficial de la Federación, por el cual el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Salud y Gobernación asumen el control del estado de emergencia sanitario en México, con facultades amplias delegadas en funcionarios del gobierno mexicano a ingresar a cualquier inmueble público o privado y disolver “congregaciones de personas” como parte de las medidas del gobierno espurio de Felipe Calderón a efecto de prevenir la PAN-demia de la influenza humana, además de asumir la “ regulación del control terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer de libremente de todos los medios de transporte de propiedad del Estado y del servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos estos últimos”, la duda es ¿ y las garantías sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; me refiero a la libertad de asociación y de tránsito.
Para finalizar:
Primero.- El control hemisférico de los Estados Unidos de América en materia de seguridad exterior no da marcha atrás, de ahí que iniciativas como la que se analiza y discute demuestren lo afirmado. Felipe Calderón se preocupa por legalizar la suspensión de garantías en México en momentos procesales políticos oportunos, es decir “siempre” que haya un peligro para la seguridad interior, a lo cual podrá decretar una zona de excepción territorial, para ello se valdrá de intervenir llamadas telefónicas, incursiones en viviendas sin orden judicial, cateos sin fundamentación o motivación alguna, incluso fortaleciendo “Instituciones de espionaje del Estado” como es el Centro de Investigación de Seguridad Nacional ( CISEN ) para realicen tales tareas.
Segundo.- La criminalización de la inconformidad ciudadana sigue constitucionalizándose, los casos de represión de Estado en San Salvador Atenco, de la lucha insurgente de la APPO en Oaxaca, recientemente el desalojo de los comuneros de Ocotlán Oaxaca por oponerse a la continuidad de una trasnacional minera, entre otros problemas sociales más, han obligado al Estado Mexicano a prevenirse y “fundamentar” las acciones de intervención militar, de espionaje telefónico, en la mayoría represivas y sin garante alguno de respeto a los derechos humanos, de ahí que se continúe legislando sobre la seguridad nacional, es decir el autoritarismo del Régimen Presidencialista en pleno apogeo.
Tercero.- La presentación de este tipo de iniciativas, por parte de Felipe Calderón Hinojosa en el carácter de Titular del Ejecutivo Federal en México, seguirá contribuyendo al malestar social, por ello el compromiso de la actual o siguiente Legislatura en el Congreso de la Unión en San Lázaro, deberá de ser en beneficio a los intereses del Pueblo Mexicano, en tal virtud deberán de abrirse espacios de discusión académica, ciudadana y en general para saber y entender el sentir de los mexicanos, sé que la Derecha Política está detrás de esas reformas, por ello el papel que habrán de desempeñar los Diputados del PRD, PT y CONVERGENCIA deberá de ser refrendado con el voto en contra de esa espuria iniciativa, insistiendo que debe de ser básica la labor de difusión amplia sobre el contenido de tal iniciativa, para que sea el pueblo Mexicano el que decida sobre dicha Ley.
¡Libertad e indulto político a Miguel Ángel Wong Soto, rehén panista de Marcelo de los Santos Fraga!
¡Libertad y Justicia para los 12 presos políticos de San Salvador Atenco, Estado de México!
¡Liberación inmediata a los presos políticos del mundo entero!
Atentamente
Lic. Noé Yair López García
San Luis Potosí, S.L.P. en los veintidós días de mayo del 2009.