COLECTIVO INDEPENDIENTE DE REFLEXIÓN Y ACCION SOCIAL. (CIRYAS).
Martes 13 de abri del 2010. San Luis Potosí. S.L.P.
Martes 13 de abri del 2010. San Luis Potosí. S.L.P.
LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
A LA OPINION PÚBLICA.
A LOS MEDIO DE COMUNICACIÓN.
A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.
1. La producción de violencia institucionalizada que se traduce en transgresión a los derechos fundamentales por parte de las autoridades del gobierno del estado de San Luis Potosí y del municipio de la capital contra los sectores mayoritarios de la población es cada vez más evidente, principalmente en perjuicio de los y las trabajadoras.
2. En el muestrario de actos de violencia exteriorizados en hechos concretos que vulneran derechos humanos emanados del gobierno priista encabezado por Fernando Toranzo Fernández, podemos enunciar algunos: el aumento al transporte público, el impulso y promoción de la ley antiaborto, el consentimiento de la ampliación de labores militares en actividades de la autoridad civil, la acción expedita y enérgica para despedir trabajadores y trabajadoras al servicio de su administración, principalmente aquellos que cometen el pecado de afiliarse a sindicatos independientes como el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), la violación de los derechos civiles y políticos contra aquellos que manifiestan su oposición en contra de tales actos de despido injustificado.
3. En relación a la transgresión de los derechos humanos del trabajo, es importante subrayar, que el llevar a cabo despidos injustificados de trabajadores y trabajadoras principalmente aquellos que cometen la falta de incorporarse a sindicatos independientes, se proyecta por parte de las autoridades responsables en una conducta de omisión para con el cumplimiento debido de la norma protectora del trabajo, además de que se vulnera el derecho humano a la libertad sindical, sin olvidar que este tipo de acciones fomentan el maltratado panorama del desempleo en el Estado, signo inequívoco de una salud social deteriorada.
4. En un sentido especifico, es aliado natural y por tanto se estimula por parte del gobernador Fernando Toranzo Fernández, al Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno del Estado (SUTGE), en una estrategia de combate frontal contra el SITTGE, representado por la C. Francisca Lara Resendiz, pues desde hace varios meses, el grupo independiente organizado a resentido el despido de diversas decenas de afiliados y afilados, donde se aplica el argumento de la falta de recursos, pero por otro lado, muy extrañamente, se contrata en los mismos puestos de trabajo como relevos a nuevos trabajadores que son afiliados automáticamente al sindicato mayoritario.
5. En el ejercicio de los derechos de representación colectiva sindical, ante tales actos transgresores de derechos humanos laborales, las y los integrantes del SITTGE han hecho valer sus derechos humanos civiles y políticos como la libertad de expresión y manifestación pública, todo ello en el lugar idóneo donde radica la representación soberana del poder público de San Luis Potosí, la Plaza de Armas. Pero el gobernador del estado en vez de dar soluciones a las peticiones, las toma como un desafío y despliega una política pública para infundir temor, amenaza y hostigamiento.
6. Los actos de las autoridades que predominantemente se pueden catalogar como violencia institucional y que infunden temor, amenazas y hostigamiento, además de atentar contra el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los manifestantes, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también tratan de inhibir la denuncia a la violación a los derechos humanos laborales que sostienen los integrantes del SITTGE, los vemos en lo siguiente:
a) La amenaza reiterada desde los medios de comunicación, sobre la utilización del Bando de Policía y Buen Gobierno, introduce un nuevo actor que es la autoridad municipal, ello sin dejar de mencionar que un asunto de carácter político y laboral, por obra y gracia de la sordidez de Fernando Toranzo Fernández muda a una persecución administrativa y penal.
b) Las declaraciones del Secretario de Gobierno José Guadalupe Duron Santillán vertidas en contra del SITTGE atacan el honor y los derechos fundamentales de sus integrantes, pues primordialmente se busca descalificar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, se les acusa de “intransigentes”, es evidente que ello no persiguen el fin esencial de informar en asuntos o circunstancias relevantes para la opinión del público, sólo buscan dañar a los y las trabajadoras manifestantes.
c) Los tintes fascistas y autoritarios de la política del gobernador Fernando Toranzo y su secretario de gobierno, cuando a través de los medios de comunicación y actos en concreto como el despido, intentan fomentar el odio y enfrentar a las y los sindicalistas que están protesta en plaza de armas con organismo representantes de comerciantes establecidos del centro histórico, con distintos sindicatos del gobierno del estado y de grupos que organizan la procesión del silencio.
d) La sutil y cotidiana vigilancia desplegada por los elementos de los cuerpos de inteligencia estatal y el cerco informativo desarrollado desde oficinas de comunicación social de gobierno del estado, se enfilan a aislar el movimiento sindical independiente y en buen momento buscar la represión.
7. Ante ellos, denunciamos que los funcionarios en mención: han incurrido en violaciones a los derechos humanos fundamentales consignados en el sistema internacional y nuestra Constitución Federal, además de vulnerar los artículos 7º y 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y su equivalente de esta entidad federativa, la cual prevé que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan.
Solicitamos de la manera más atenta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, decrete de forma inmediata las medidas de protección correspondiente y se avoque en la investigación de los presentes hechos, con el objetivo de evitar se sigan incurriendo en acciones a las cuales no les faculta la ley, también de evitar que los servidores públicos que hoy denunciamos continúen tomando ventaja de sus funciones y cargos para ejercer acciones ilegales en contra de los y las ciudadanas manifestantes, además de emitir una recomendación que sea sostén para evitar que se siguán vulnerando los derechos fundamentales de los y las potosinas manifestantes afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado.
A t e n t a m e n t e.
Marite Hernández Correa.
Montserrat Balcorta Sobrino.
Noé Yair López García.
David Madrigal González.
Guillermo Luevano Bustamante.
Juan Valdez Pérez.
Jaime Lara Lara.
Alfonso Ramírez López.
Tonatiuh Hernández Correa.
2. En el muestrario de actos de violencia exteriorizados en hechos concretos que vulneran derechos humanos emanados del gobierno priista encabezado por Fernando Toranzo Fernández, podemos enunciar algunos: el aumento al transporte público, el impulso y promoción de la ley antiaborto, el consentimiento de la ampliación de labores militares en actividades de la autoridad civil, la acción expedita y enérgica para despedir trabajadores y trabajadoras al servicio de su administración, principalmente aquellos que cometen el pecado de afiliarse a sindicatos independientes como el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), la violación de los derechos civiles y políticos contra aquellos que manifiestan su oposición en contra de tales actos de despido injustificado.
3. En relación a la transgresión de los derechos humanos del trabajo, es importante subrayar, que el llevar a cabo despidos injustificados de trabajadores y trabajadoras principalmente aquellos que cometen la falta de incorporarse a sindicatos independientes, se proyecta por parte de las autoridades responsables en una conducta de omisión para con el cumplimiento debido de la norma protectora del trabajo, además de que se vulnera el derecho humano a la libertad sindical, sin olvidar que este tipo de acciones fomentan el maltratado panorama del desempleo en el Estado, signo inequívoco de una salud social deteriorada.
4. En un sentido especifico, es aliado natural y por tanto se estimula por parte del gobernador Fernando Toranzo Fernández, al Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno del Estado (SUTGE), en una estrategia de combate frontal contra el SITTGE, representado por la C. Francisca Lara Resendiz, pues desde hace varios meses, el grupo independiente organizado a resentido el despido de diversas decenas de afiliados y afilados, donde se aplica el argumento de la falta de recursos, pero por otro lado, muy extrañamente, se contrata en los mismos puestos de trabajo como relevos a nuevos trabajadores que son afiliados automáticamente al sindicato mayoritario.
5. En el ejercicio de los derechos de representación colectiva sindical, ante tales actos transgresores de derechos humanos laborales, las y los integrantes del SITTGE han hecho valer sus derechos humanos civiles y políticos como la libertad de expresión y manifestación pública, todo ello en el lugar idóneo donde radica la representación soberana del poder público de San Luis Potosí, la Plaza de Armas. Pero el gobernador del estado en vez de dar soluciones a las peticiones, las toma como un desafío y despliega una política pública para infundir temor, amenaza y hostigamiento.
6. Los actos de las autoridades que predominantemente se pueden catalogar como violencia institucional y que infunden temor, amenazas y hostigamiento, además de atentar contra el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los manifestantes, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también tratan de inhibir la denuncia a la violación a los derechos humanos laborales que sostienen los integrantes del SITTGE, los vemos en lo siguiente:
a) La amenaza reiterada desde los medios de comunicación, sobre la utilización del Bando de Policía y Buen Gobierno, introduce un nuevo actor que es la autoridad municipal, ello sin dejar de mencionar que un asunto de carácter político y laboral, por obra y gracia de la sordidez de Fernando Toranzo Fernández muda a una persecución administrativa y penal.
b) Las declaraciones del Secretario de Gobierno José Guadalupe Duron Santillán vertidas en contra del SITTGE atacan el honor y los derechos fundamentales de sus integrantes, pues primordialmente se busca descalificar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, se les acusa de “intransigentes”, es evidente que ello no persiguen el fin esencial de informar en asuntos o circunstancias relevantes para la opinión del público, sólo buscan dañar a los y las trabajadoras manifestantes.
c) Los tintes fascistas y autoritarios de la política del gobernador Fernando Toranzo y su secretario de gobierno, cuando a través de los medios de comunicación y actos en concreto como el despido, intentan fomentar el odio y enfrentar a las y los sindicalistas que están protesta en plaza de armas con organismo representantes de comerciantes establecidos del centro histórico, con distintos sindicatos del gobierno del estado y de grupos que organizan la procesión del silencio.
d) La sutil y cotidiana vigilancia desplegada por los elementos de los cuerpos de inteligencia estatal y el cerco informativo desarrollado desde oficinas de comunicación social de gobierno del estado, se enfilan a aislar el movimiento sindical independiente y en buen momento buscar la represión.
7. Ante ellos, denunciamos que los funcionarios en mención: han incurrido en violaciones a los derechos humanos fundamentales consignados en el sistema internacional y nuestra Constitución Federal, además de vulnerar los artículos 7º y 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y su equivalente de esta entidad federativa, la cual prevé que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan.
Solicitamos de la manera más atenta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, decrete de forma inmediata las medidas de protección correspondiente y se avoque en la investigación de los presentes hechos, con el objetivo de evitar se sigan incurriendo en acciones a las cuales no les faculta la ley, también de evitar que los servidores públicos que hoy denunciamos continúen tomando ventaja de sus funciones y cargos para ejercer acciones ilegales en contra de los y las ciudadanas manifestantes, además de emitir una recomendación que sea sostén para evitar que se siguán vulnerando los derechos fundamentales de los y las potosinas manifestantes afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado.
A t e n t a m e n t e.
Marite Hernández Correa.
Montserrat Balcorta Sobrino.
Noé Yair López García.
David Madrigal González.
Guillermo Luevano Bustamante.
Juan Valdez Pérez.
Jaime Lara Lara.
Alfonso Ramírez López.
Tonatiuh Hernández Correa.
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